Que el gobierno hizo mal en no prohibir la manifestación del 8-M  (120.000 asistentes en Madrid, 50.000 en Barcelona) y otras, es hoy de una evidencia aplastante.

Como lo es también que debería haber prohibido, mucho antes de lo que lo hizo, las ligas de fútbol (que no se cancelaron hasta el 12 de marzo y cada fin de semana congregaban a 400.000 personas en los estadios); la de baloncesto (que juntaba a 60.000 personas de media cada jornada en recintos cerrados, y se canceló el 11 de marzo); el cine (que juntó 12 millones de personas en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, también en locales cerrados, y sólo se canceló (por Comunidades), a partir del 13 de marzo); o los museos y teatros (que juntaban también en espacios cerrados a otros 400.000 asistentes de media semanal, y que, a día 9 de marzo aún no tenían orden alguna de sus Comunidades para cerrar, salvo algunas producciones procedentes de Italia).

Podríamos seguir enumerando las muchas cosas que se hicieron mal, a toro pasado, y no acabaríamos. A tenor de algunos comportamientos parece que constituirían razones suficientes para pedir la dimisión o el procesamiento de los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas, de la mayoría de los países del mundo, el nuestro el primero; también de los partidos políticos, que mantuvieron mítines, concentraciones y asistencia a las manifestaciones; así como, por supuesto, las administraciones de las instituciones internacionales como la ONU, la OMS o el ECDC, que no fueron lo suficientemente claros o contundentes a la hora de explicar lo que se nos venía encima.

Pero la hemeroteca refleja lo que refleja: por ejemplo, el día 5 de marzo la patronal criticaba a Trabajo por sacar una guía de prevención en el ámbito laboral, argumentando que creaba alarma y que debería haberse realizado a través de una comisión de trabajo entre la patronal, los sindicatos y el ministerio, ¿calculan cuántos días más habría llevado? Al parecer, realizar algo pronto es malo, si no se hace consultando a todo el mundo. Pero si no se hace muy rápido, caiga quien caiga, como prohibir manifestaciones, ¡también lo es!

Esto no es una anécdota: es el meollo de la cuestión. A toro pasado todos somos Sócrates, pero en el momento, unas voces decían una cosa y otras, otra,  incluso voces tan autorizadas como las del Imperial College de Londres recomendaban, desde el 26 de febrero, dejar curso libre a la búsqueda de la inmunidad de rebaño, y sólo el 16 de marzo (16 de marzo), cambiaron de idea para reclamar medidas de aislamiento social. Tener la claridad de ideas que tenemos ahora (y que aún es discutida por gobiernos como el sueco, insisto), no fue posible.

¿Pero no será, también, que ahora se trata de aprovechar el filón de situaciones que la crisis ha provocado (y provocará) para hacer todo el daño posible a los rivales?

Siguiendo con hemeroteca, el mismo día 5, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, cree que, en España, no parece que cerrar escuelas «sea lo más recomendable».

El día 6 de marzo aún contemplábamos con estupor el cierre de colegios en Italia, argumentando que en España no era necesario porque sólo había 2 fallecidos y se creía posible aún hacer un seguimiento por caso, como explica este artículo de ABC, aunque el Ministerio recomendaba «sentido común» para ir a las manifestaciones del próximo y festivo día 8. También el día 6  de marzo Trump decía que el virus se iría con el calor y dudaba de las cifras de la OMS.

Y aún el 13 de marzo Boris Johnson seguía rechazando la utilidad de medidas drásticas de aislamiento, como han seguido haciendo, incluso hasta del día de hoy, en Suecia, en Brasil o en EEUU, esos gobiernos tercermundistas.

Volviendo a España, sólo el 9 de marzo la Comunidad de Madrid decide el cierre de colegios . Pero además la medida se implementa a partir del jueves 12, porque no se pueden resolver de un día para otro los problemas que plantea. ¡3 días dejando contagiarse a más de 2 millones de personas, entre alumnos, padres y profesores! Tampoco es fácil suspender manifestaciones como las del 8M, por todo el país, de un día para otro. Manifestaciones a las que acudieron, por cierto, todos los partidos políticos, salvo Vox, aunque no por su avanzada formación en salud pública, sino por el contenido feminista de la misma (de hecho Vox celebró un mitin en Vistalegre el mismo día 8, por el que luego pidió disculpas).

Para suspender la manifestación del 8 de marzo habría que haberlo tenido claro al menos el 6 ó 7 de marzo y en aquellos momentos no lo estaba, ni siquiera el 8 lo estaba, más allá de la petición de prudencia que realizó el ministerio.

Porque el 8 de marzo ninguna autoridad española, de ningún rango y con independencia de su filiación política, se había dado por aludida tras el informe del ECDC del 2 marzo (que seguía sin considerar a España entre los países con transmisión comunitaria), ni de ningún otro informe, ni propuso, por tanto, la suspensión del derecho de manifestación y otros actos masivos. Porque ninguna comunidad se atrevió, todavía, a suspender normalidades mucho más contagiosas que las manifestaciones; porque España estaba todavía en el escenario 1, oficialmente, según la OMS/ECDC y según los datos que las Comunidades seguían pasando a Sanidad.

En España todo se aceleró, justamente, a partir de esa semana (9-14). ¿Todos los datos estaban mal? Sí. ¿Todos se equivocaron? Sí. ¿Había habido transmisión comunitaria abundante? Sí. ¿Se podía intuir que eso estaba sucediendo? Sí. ¿Estaba meridianamente claro que eso estaba sucediendo? No. Recuérdese que muchos apostaban (modelos del Imperial College), incluso en semanas posteriores, por una difusión del contagio en la población de hasta el 30% (y era visto como algo positivo, claro) pero los estudios reglados y serios (que han tardado semanas, como debe ser), han venido a demostrar que sólo estamos en torno a un 5%.  ¿Estaba lo suficientemente claro para suspender, el 6 o el 8 de marzo, el derecho de manifestación, el deporte, la cultura, etc.? En mi opinión, el conocimiento real de lo que estaba sucediendo y la dureza de las medidas a tomar convierten esa decisión claramente en una opción política -más o menos afortunada- pero desde luego no en un imperativo penal ni en una cuestión de tipo blanco y negro. ¿Ahora algunos quieren sacar partido a todo ello, alegando seguridades adquiridas a posteriori? Sí.

Esta fijación con la manifestación del 8M posiblemente tenga más que ver, además, con la notoriedad mediática del tema y de las fotos, asociadas «a una cierta izquierda», a unos colectivos, más afines a un sector progresista de la sociedad que al conservador. Y, también, con el hecho de ser un primer elemento dotado de todo lo necesario para atacar al enemigo. Sin embargo la investigación de la juez va encaminada a todas las manifestaciones de aquellos días (del 4 al 14 de marzo), no sólo a la del 8M, ¿por qué esa selección tácita de la parte por el todo?

No deseo defender a nadie frente a un justo escrutinio de responsabilidades, pero me resisto a dejar de usar el sentido común. Lamento la ignorancia de todo nuestro mundo respecto al devenir práctico real de la pandemia, pero deploro aún más la utilización cicatera de las desgracias para convertirlas en causas políticas. Me lo pareció en el caso del Yak-42, de diferente signo político, me lo parece en la elevación interesada de las víctimas de terrorismo a oráculos político-mediáticos, y me lo parece en este caso, lo siento.

Que la Guardia Civil investigue lo que una juez le pide investigar es justo y necesario, que omita elementos importantes en su informe (como la matización en los escenarios de difusión en que se estaba y las distintas recomendaciones asociadas a cada uno, que son las que explican las decisiones tomadas) se me atraganta un poco, la verdad. Y que contenga inexactitudes de bulto, como que la OMS declaró la pandemia el 30 de enero cuando lo hizo el 11 de marzo, parece indicar una falta de imparcialidad o de rigor que claramente cuestiona esta pieza de la instrucción. El reemplazo de esos cargos de la benemérita, además de ser natural en una cadena de mando que necesita de la confianza es, por tanto, razonable y conveniente, aunque esto no justifica que se haya hecho de forma tan inoportuna. Esperemos que la juez haga bien su trabajo y que haya gente que siga buscando el sentido común, aun en medio de la tormenta.